Unidas por la transparencia y el buen uso de los recursos públicos, organizaciones civiles en Puebla presentan una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación. La acusación apunta al ex presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, el actual edil Adán Domínguez Sánchez y el ex Secretario de Administración Bernardo Arrubarrena García por presuntas irregularidades en contratos y adjudicaciones directas por más de 106 millones de pesos.
En una acción conjunta en defensa de la transparencia y el buen uso de los recursos públicos, las organizaciones de la sociedad civil que integran el colectivo Unidos Por Puebla y el Consorcio 4T, han presentado una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación contra el ex presidente municipal y actual candidato por la coalición Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez, Adán Domínguez Sánchez, actual edil de la capital y a Bernardo Arrubarrena García, ex Secretario de Administración del Ayuntamiento.
La denuncia se fundamenta en la presunta violación flagrante a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, a través de la autorización de diversos contratos y adjudicaciones directas de arrendamientos o servicios con diversas empresas que en conjunto suman más de 106 millones de pesos.
Entre los hechos que sustentan esta denuncia, se destacan:
Desvío de Fondos para Propósitos Electorales
Se gastaron $19,000,000.00 para una encuesta supuestamente destinada a medir el desempeño del ayuntamiento, pero en realidad, se utilizó para promover la imagen de Eduardo Rivera Pérez, actual candidato por la coalición Mejor Rumbo para Puebla al Gobierno del Estado. Los contratos fueron otorgados de manera directa a dos empresas, sin una justificación clara sobre los estudios a realizar y el alcance de los servicios.
Adjudicaciones Directas Irregulares
Entre el 1 y el 16 de diciembre de 2023, el Ayuntamiento de Puebla realizó contratos de adquisición de pavos y piernas, así como de servicios para una cena navideña, por un monto total de $12,663,188.88, con las empresas RYC Alimentos, S.A. de C.V. y Magrett La Cocina del Chef, S.A. de C.V., respectivamente. Estos contratos fueron adjudicados de manera directa, sin una justificación legal adecuada según lo estipulado por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.
Contratación Irregular de Helicóptero sin Transparencia
La contratación, a través de adjudicación directa, de un helicóptero denominado «Arcángel», modelo Rolls-Royce 250, por un periodo de 10 meses y un monto de $34,000,000.00, sin mencionar el nombre de la empresa adjudicataria. Esta acción carece de transparencia y fundamentos legales claros, lo que sugiere una irregularidad en la contratación de servicios por parte del Ayuntamiento de Puebla.
Las organizaciones civiles solicitaron la documentación a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, como se evidencia en los acuses de registro de solicitud de información adjuntos, fechados el 1 y 2 de enero de 2024, con los números de folio 210437024000071, 210437024000070 y 210437024000095.
Sin embargo, lamentablemente, los ahora denunciados han negado el acceso a esta información pública. En un flagrante desprecio por las disposiciones constitucionales y legales sobre transparencia, han obstaculizado la consulta a través del portal oficial del Ayuntamiento de Puebla y han negado la expedición certificada de la documentación solicitada. Además, se atrevieron a reservar información después de las solicitudes ciudadanas, como lo demuestran los folios 210437024000070 y 210437024000071, ambos del 1 de enero de 2024, y el folio 210437024000095, del 22 de enero de 2024.
Israel Coloetl Mora, en su calidad de Presidente del Consorcio 4T, hizo un llamado a la Auditoría Superior de la Federación para que requiera y someta la documentación solicitada a un análisis profundo que concluya sobre la legalidad de los procesos de adjudicación directa para constatar la existencia de posibles violaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
Por su parte Paola Migoya, quien preside Unidos Por Puebla, destacó la gravedad de que el dinero destinado al bienestar de los y las poblanas se haya desviado para financiar la campaña de Eduardo Rivera. Subrayó la importancia de investigar a fondo estos señalamientos, que involucran una cantidad escandalosa de 106 millones de pesos. En este sentido, solicitó de manera respetuosa a la autoridad fiscalizadora que realice las auditorías correspondientes para determinar si, como señaló, el actual candidato por la coalición Mejor Rumbo para Puebla al Gobierno del Estado, realizó un mal uso de los recursos públicos asignados al municipio.
