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México demanda a Ecuador en la Corte Internacional de Justicia por allanamiento de embajada

Nacional
AMLO

En respuesta al reciente allanamiento de su embajada en Quito, México ha presentado una denuncia formal ante la Corte Internacional de Justicia, exigiendo sanciones severas contra Ecuador, incluida su suspensión temporal de las Naciones Unidas.

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha interpuesto una demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia este jueves, tras el incidente del allanamiento de su embajada en Quito. La secretaria Alicia Bárcena expresó que el objetivo es obtener una condena clara y la imposición de sanciones decisivas contra Ecuador por violar los principios del derecho internacional.

Reclamos Contundentes de México

En la demanda, México no solo busca el reconocimiento de la responsabilidad de Ecuador por los daños causados, sino también ha propuesto medidas drásticas como la suspensión de Ecuador como miembro de las Naciones Unidas hasta que se emita una disculpa pública y se garantice que no se repetirán tales violaciones. Los reclamos incluyen:

1. Declarar que Ecuador es responsable por el daño causado.
2. Suspender a Ecuador de las Naciones Unidas hasta que cumpla con las condiciones de disculpa y reparación.
3. Afirmar que la Corte Internacional de Justicia es el órgano adecuado para determinar la responsabilidad estatal en tales casos.

Medidas Provisionales y Acciones Penales

El consultor jurídico Alejandro Celorio anunció que se solicitarán medidas provisionales para garantizar la seguridad de la embajada mexicana en Quito, la cual quedó desprotegida tras el retiro del personal diplomático. Además, se estudia la posibilidad de presentar acciones penales por el allanamiento del inmueble.

Posición del Presidente López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia de esta demanda como un medio para evitar futuras violaciones de la integridad de las representaciones diplomáticas. Insistió en que las sanciones propuestas, incluida la expulsión de un estado de la ONU, deberían aplicarse a cualquier nación que cometa violaciones similares en el futuro.

 

 

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