Si bien periodistas y defensores de derechos humanos son particularmente vulnerables, cualquier persona podría ser monitoreado por el Estado de forma arbitraria y opaca.
A la conferencia del Mtro. José Flores Sosa en la IBERO Puebla convenía llegar sin teléfono ni computadora: no fuera a ser que alguien estuviera espiando. El director de Comunicación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) evidenció que cualquier persona u organización que cuente con tecnología para vigilancia podría saber dónde estás, qué haces, de qué hablas y con quién, en cualquier momento.
En sí misma, la vigilancia no es ilegal. Existen fines legítimos como la seguridad nacional y el combate al crimen organizado. El problema radica en que las herramientas para hacerlo son altamente intrusivas. “La vigilancia es una facultad que puede ejercer el Estado, pero debe hacerlo desde una perspectiva de derechos humanos”, aseguró el también profesor de la Universidad Jesuita.
Según las leyes mexicanas, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y las diferentes fiscalías son algunas instancias que pueden ejercer actos de vigilancia, tales como intervenir comunicaciones privadas, extraer información de dispositivos electrónicos, acceder a metadatos de telecomunicaciones y geolocalización en tiempo real.
En la zona gris de la legalidad se encuentran actividades como el monitoreo de la red pública de internet. Ilustró Flores Sosa: “No solo es ‘te infecté el teléfono […] Estoy viendo todo lo que publicas en internet, tengo acceso a tu teléfono y le saco una copia’”. En algunos países, las personas reciben notificaciones de que fueron vigiladas por el gobierno; en México, la situación es distinta.
Desde 2016, ha habido un aumento significativo de solicitudes de entrega de datos resueltas por el Poder Judicial: en aquel año fueron 35; en 2023, 18,167. Del total, en 3 de cada 4 ocasiones se obtuvieron autorizaciones para recabar información. “Nuestra vida privada está en nuestros dispositivos, y las autoridades quieren tener acceso a ella”, resumió el experto.
La R3D lleva más de una década estudiando la forma en que operan los sistemas de monitoreo en México. En el informe El estado de vigilancia en México se sigue de cerca el uso de softwares espías (spyware). Gracias a una filtración en 2015, se descubrió que México pagó a la empresa Hacking Team más de 5.8 millones de euros en tecnologías de espionaje. Entre sus clientes figuraba la administración del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.
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“Cada vez que usamos una aplicación móvil chiquita extrae información. A veces, el modelo de esas aplicaciones no es el servicio que ofrecen, sino la data que recolectan”: Mtro. José Flores __________________________________________________________________________________________________
El caso más emblemático es el de Pegasus, un software sofisticado capaz de romper la seguridad de cualquier teléfono para activar sus funciones de manera remota y acceder a toda su información. La investigación Gobierno espía reveló que el gobierno de Enrique Peña Nieto utilizó esta herramienta para espiar a periodistas y activistas.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la compra y uso de Pegasus ocurrió a través del Ejército. “Gracias a las filtraciones de los Guacamaya Leaks, logramos ubicar el contrato del Ejército para adquirir Pegasus […] El Ejército tiene una agencia militar secreta”, explicó Flores Sosa, la cual se ha encargado de observar incluso a colaboradores del mismo gobierno.
En México, existe mucha incertidumbre sobre quién debería tener la facultad de vigilar y en qué condiciones, cuál es el papel del Poder Judicial, y qué tecnologías están reglamentadas. Los procesos opacos en la contratación y uso de herramientas dificultan la regulación: “El diagnóstico es que hay vigilancia ilegal e impunidad. Cuando se denuncian casos, no llegan a nada o hay obstrucciones”.
José Flores propuso establecer una moratoria sobre la venta, adquisición y uso de estas herramientas, pues “tendríamos que tomar una pausa en lo que vamos regulando”. Además, llamó a reformar las normativas nacionales para establecer criterios y definiciones claras y transparentes de las actividades de vigilancia.
