Jueces que cobran sentencias, magistrados que acosan al personal, funcionarios que extorsionan, así la otra cara de la moneda de la justicia en Puebla.
En un país en donde a diario observamos injusticias, la justicia se convierte más en un reclamo de la sociedad frente a las arbitrariedades y los excesos de jueces y funcionarios judiciales para favorecer al que más tenga que ofrecer.
Para nadie es extraño aquel dicho que reza: la justicia es para unos cuantos; en un sistema plagado de privilegios e injusticias, donde la balanza se inclina a favor del que tenga dinero para costear despachos privilegiados, muchas de las veces en contra de derechos humanos y modus operandi, tienden a torcer la ley.
Pero también, el sistema de justicia ha servido como brazo e instrumento de políticos, despachos de políticos y gobernadores, como el caso recientemente denunciado por el periodista Hernán Gómez, quien sacó a la luz pública el entramado de tráfico de influencias del poderoso ex ministro Arturo Zaldívar y el exconsejero jurídico de la presidencia Julio Scherer, señalándolo no sólo de ejercer una presión sin precedentes en los órganos judiciales sino de manipular e influir en decisiones que impactaron la vida pública del país.
En Puebla, las cosas no distan mucho de lo que se ventila en la capital mexicana, basta echar un vistazo al más reciente gobierno plagado influyentismo e intrigas para dictar línea al interior del palacio de justicia local.
El exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, no sólo tuvo mano dura, sino una actitud vengativa señalando a través de sus mañaneras a personajes incomodos para litigar temas en la opinión pública.
EXTRSIÓN, ABUSO Y COMPLICIDAD DESDE CASA AGUAYO.
Barbosa Huerta, quien no sólo encumbró al entonces magistrado presidente de Tribunal, Héctor Sánchez como posible aspirante a la gubernatura, pero, cayó de la gracia del exmandatario por malos manejos en la construcción de las casas de justicia en el interior del Estado y lo mandó al exilio para no verse vinculado en una carpeta por corrupción y desvío de recursos.
Ese era el estilo de Barbosa, dictar línea y directriz a jueces, fiscales y funcionarios de gobierno para presionar a notarios, adversarios políticos y uno que otro incauto, que fuera en contra de su voluntad, presionándolos por las buenas y por las malas a través de los consejeros jurídicos, Carlos Palafox Galeana y Jonathan Ávalos, este último magistrado con licencia y ahora subcomisionado del Instituto Nacional de Migración.
Ambos personajes, no sólo propiciaron el cambio de adscripción de jueces incómodos, sino que allanaron el camino para aliados con el beneplácito del entonces gobernador, todo ello a través del entonces subconsejero jurídico, Miguel Arturo Sandoval, hermano de la magistrada Norma Sandoval, por si aquello del nepotismo hoy es noticia. Las llamadas, insinuaciones y exceso de abrir carpetas de investigación, orquestadas desde la consejería jurídica fue más que sólo una cacería de brujas, un modus operandi de extorsión, abusos y complicidades.
Miguel Arturo Sandoval
En la misma línea otro polémico personaje, es el magistrado Ricardo Velázquez, quien fuera consejero jurídico del caído en desgracia Mario Marín “El Gober Precioso” frente al escándalo de la periodista Lydia Cacho. De Ricardo Velázquez pesan en silencio múltiples acusaciones de acoso de mujeres, quienes por miedo a las represalias nunca denunciaron los penosos comportamientos del togado.
Palafox Galeana, quien pasó con más pena que gloria como consejero presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, no sólo fue señalado de ejercer presión en contra de notarios en el Estado para quitarles las patentes dadas en anteriores administraciones, sino que fue además señalado por la Notario Pública, Norma Romero, de ser responsable de abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad en contra de sus hijos, además de ser cuestionado junto al magistrado Joel Sánchez Roldan de suspender el pago de los trabajadores del poder judicial, propiciando un paro de labores nunca antes visto.
CORRUPCIÓN DE JUECES, EL PAN DE TODOS LOS DÍAS EN LOS TRIBUNALES.
Magally Escamilla, hoy magistrada de la Sala Penal, fue nada más y nada menos que la encargada de vincular y mandar a prisión al poderoso Eukid Castañon, al igual que a una empleada de éste, apoyada por la Fiscalía, presionaron por más de dos años para allanarse a los designios del ex mandatario estatal, su caso – como muchos otros – no sólo terminaron por darles la razón a los vinculados, pues resta decir que no sólo acreditaron la impertinencia de pruebas aportadas, sino la configuración de una maquinación desde el Estado por órdenes de Luis Miguel Barbosa para perjudicarlos.
El mismo estilo caracterizó a otra de las llamadas jueces de consigna, Karla Patricia Ambrocio, entre cuyos casos recientes está el del ex auditor Francisco Romero Serrano, absuelto en diciembre de 2024. Juzgadora que se sabe es actual pareja del también Juez Hugo Alejandro Teutli, señalado en 2023 por violentar derechos de los menores, por la Resistencia de Madres por la Infancia y la Adolescencia, y quien, para la época de Flores Toledano, era justamente su juez de consigna.
Rebeca Flores, jueza de primera instancia de Huejotzingo, hoy en día no sólo es cuestionada por sus resolutivos en contra de constancias, sino que, en medio de un par de escándalos mediáticos, se rumora acepta sobornos para favorecer el fallo de la justicia a quien cuente con su beneplácito.
Enrique Romero
Quizá el caso de mayor relevancia mediática fue el del juez Enrique Romero Razo, quien fue destituido por el conflicto de interés en la disputa del equipo de fútbol Puebla e indemnizado, al paso de los años, con la cantidad de 3 millones de pesos, y una larga lista de quejas en su contra sin resolver.
Todos ellos paladines de la justicia poblana que ahora aplauden y sonríen la Reforma Judicial, para no verse desprotegidos del poder.
